Estado de bienestar digital

Este blog fue originalmente publicado en Biometric Update el 17 de agosto de 2020.

Foto de portada de Pablo Gonzalez.

Promovida por el Banco Mundial (BM), organizaciones de desarrollo regional, donantes y empresas como MasterCard o McKinsey, existe una narrativa prevalente (bien ruidosa) que dice que tener una identidad digital legal marca la diferencia entre ser excluido e incluido en la sociedad. Estas declaraciones son bastante impresionantes:

Por ejemplo, en sus Principios sobre la Identificación para el Desarrollo Sostenible, el BM dice que los sistemas de identificación digital pueden “mejorar la gestión pública, fomentar la inclusión financiera, reducir las desigualdades de género empoderando a mujeres y niñas, y permitir que los pobres tengan un mayor acceso a los servicios sanitarios y a las redes de servicios sociales” (página 5).

Y McKinsey (2019) afirma que “la identificación digital bien diseñada no solo permite el empoderamiento cívico y social, sino que también posibilita ganancias económicas reales e inclusivas, un aspecto menos entendido de la tecnología” (página vi).

En su informe de 2019, Philip Alston, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, analizó cómo la digitalización de las interacciones entre ciudadanos y gobiernos se está convirtiendo en la norma, y cómo el resultado es el surgimiento de un estado de bienestar digital, y de un mundo en el que “los ciudadanos se vuelven cada vez más visibles para sus gobiernos, pero no al revés”. Para Alston, “la mejora de las disposiciones de bienestar, junto con una mayor seguridad, es uno de los principales objetivos invocados para justificar la profunda transformación social y el gran gasto” necesarios para implementar sistemas de identificación digital. Los sistemas de protección social se impulsan cada vez más de tal manera que “automatizan, predicen, identifican, vigilan, detectan, apuntan y castigan”, no para mejorar la vida de quienes más los necesitan. Y muchos gobiernos se apresuran acríticamente hacia este tipo de era.

Foto de Pablo Gonzalez

Argentina ha estado presionando por un gobierno digital desde hace un tiempo, pero la falta de participación pública en las decisiones tomadas hasta ahora, específicamente en lo que respecta a los sistemas de identificación legal (para más información, consulta ADC), parece sugerir un uso acrítico de la tecnología digital para los servicios estatales.

A diferencia de países que han comenzado a utilizar recientemente sistemas de identificación biométrica, Argentina sentó las bases de la era de gobierno digital hace décadas, silenciosamente pero con fuerza desde la dictadura militar de Ongania en 1968, cuando tener una identificación nacional se volvió obligatorio (también de manera silenciosa y contundente durante los gobiernos democráticos posteriores). Un proceso influenciado por los desarrollos en dactiloscopia (huella dactilar) realizados en Argentina a principios del siglo XX.

Foto de ANSESGOB 29.06.2016 Operativo ANSES-RENAPER. UDAM.

En Argentina, estar legalmente registrado es un requisito para ser considerado una persona existente. De hecho, el nombre del organismo público encargado es RENAPER, que significa Registro Nacional de Personas: si no está en el registro no es una persona. Han pasado décadas y la idea de que sin DNI no eres nada está bien arraigada entre la población. Tanto que cuando se requirieron más datos biométricos no muchos se dieron cuenta: en 2014, RENAPER estableció que el único documento de identificación válido es la nueva cédula de identidad, y que los datos biométricos del ciudadano serán digitalizados y recopilados en una base de datos unificada para ser compartida entre Instituciones públicas y privadas.

Esta normalización de la identificación y biometría también puede estar relacionada con el trauma nacional de la dictadura militar de los años 70 y 80 y sus crímenes. Las Madres de Plaza de Mayo, el primer gran grupo contra las violaciones de derechos humanos, han marchado durante más de 40 años con pañuelos blancos que desde entonces se han convertido en un símbolo de la justicia (ver los pañuelos en la foto inferior). Un grupo hermano, Las Abuelas de Plaza de Mayo, ha localizado a los hijos de mujeres embarazadas secuestradas durante las dictaduras. Como resultado se crearon organizaciones de renombre: el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Equipo Argentino de Antropología Forense, éste último creado para desarrollar técnicas de localización e identificación de los argentinos desaparecidos.

Foto de Paz Bernaldo

Una pregunta obvia podría ser entonces: si el BM y McKinsey tienen razón sobre el potencial de una identidad legal para sacar a las personas de la pobreza, ¿ha marcado acaso el DNI obligatorio una diferencia significativa en la vida de los argentinos vulnerables? Existe poca investigación sobre el tema (un ejemplo de 2012 es el documento Indocumentados). Pero quienes han entrevistado a personas indocumentadas enfatizan lo perjudicial para la autoestima no ser reconocido por el Estado y la discriminación y el abuso que ésto conlleva.

A pesar de la naturaleza obligatoria de décadas del DNI, muchas personas en Argentina todavía carecen de uno. Sin embargo, no hay estadísticas oficiales. Cuando los periódicos informan sobre este tema, a menudo se citan pocas organizaciones: ODSA-UCA, IADEPP, Microjusticia (RENAPER no lo es). En 2012, la UCA y el IADEPP estimaron que el número de menores no documentados era de 168.000, 40% de éstos viviendo en el área metropolitana de Buenos Aires.

Sí, la tarjeta de identificación te hace pertenecer. No obstante, eso no es lo mismo que afirmar que: porque obtuviste tu identificación, y ellos tienen tus datos biométricos, dejarás atrás la vulnerabilidad. Tener una identificación marca la diferencia, pero no la diferencia.

Un gran número de personas vulneradas que viven y trabajan en ciudades y pueblos de todo el país tienen su tarjeta de identificación digitalizada. La mayoría de las personas que he entrevistado siempre han tenido su DNI, pero son y han sido vulnerados toda su vida.

• Entre 2010 y 2019 subempleo inestable y precario del 9,7% al 20,7% (ODSA UCA 2020)
• En el tercer trimestre de 2019, el 6,5% de los hogares y el 8,9% de todas las personas en Argentina fueron clasificados como extremadamente pobres. Los números más altos de la década. Y los clasificados como pobres suponían el 32,1% de los hogares y el 40,8% de las personas (ODSA).

Estas asombrosas cifras podrían llevarnos a preguntarnos qué papel ha jugado, juega y podría jugar la identificación legal digital en la inclusión, exclusión, equidad e igualdad en Argentina. Y, por lo tanto, ser crítico con campañas fuertemente enfocadas en promover tecnologías de identificación digital como solución clave.

Quizás un paso importante para desafiar las narrativas dominantes y construir narrativas correctas es comenzar diciéndoles a los demás que no tener una identificación legal no significa que no eres nada, que nadie puede quitarte tu identidad, que la identidad legal como identificación es necesaria y útil. pero no lo mismo que tu identidad. Y luego decir que hay países donde las personas no tienen DNI pero no mueren por exposición al caos.