Este post se publicó originalmente el 23 de julio de 2020 en el blog de Yoti.

Foto de portada de Pablo Gonzalez.

Hay pocas dudas de que la pandemia COVID-19 está acelerando la digitalización de la vida cotidiana de las personas, en algunos lugares actuando como una excusa para presionar a ciertos grupos a interactuar con la tecnología y las instituciones de formas que habrían parecido poco probables hace un año (pensemos en aplicaciones de rastreo, por ejemplo).

En Argentina, un ejemplo menos obvio de este tipo de compromiso es con el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una asignación que el gobierno está proporcionando a los trabajadores vulnerables/ados (trabajadores autónomos, domésticos, e informales, por ejemplo) para ayudarlos a hacer frente a la crisis. Según las personas que he entrevistado, el pago de 10,000ARG ha resultado invaluable mientras intentan mantenerse a flote. Pero a pesar de todo lo bueno, un examen más detenido arroja luz sobre algunos aspectos problemáticos de esta relación recién establecida entre el estado, los bancos y los ciudadanos vulnerados. Esta interacción con las instituciones privadas podría, irónicamente, exponerles a una mayor exclusión, ya que las asimetrías de información y conocimiento existentes se amplifican, profundizando la desigualdad epistémica en la sociedad.

Los problemas con el IFE

Foto de Pablo Gonzalez, Mar del Plata.

El primer pago del IFE a los solicitantes aprobados se realizó mediante transferencia directa a sus cuentas bancarias o en persona con el pago en dinero en efectivo en las oficinas de la empresa de correos pública. Pero para el segundo pago las reglas cambiaron, los destinatarios sólo podían recibir los fondos directamente en sus cuentas bancarias personales. Por lo tanto, aquellos que no estaban bancarizados tuvieron que hacerlo rápidamente y sin asistencia especializada.

Hoy en día, se supone que abrir cuentas en bancos privados es fácil, al menos en comparación con lo que solía ser. En Argentina, antes de la pandemia el gobierno anunció un nuevo tipo de cuenta bancaria, llamada cuenta bancaria gratuita y universal (o CGU), para que cualquier persona mayor de 18 años con Cédula Nacional de Identidad (DNI) Argentina, independientemente de sus ingresos o situación laboral pudiera abrir una cuenta bancaria básica (sin acceso a crédito). Esta cuenta es de mantenimiento gratuito y todos los bancos están obligados a ofrecerla.

Volviendo al IFE, un primer gran problema ha sido cómo se ha excluido a los trabajadores indocumentados de bajos ingresos (tanto migrantes como argentinos) porque, entre los requisitos clave, está que cuenten con un DNI válido.

Un segundo conjunto de problemas surge al solicitar el IFE, con el proceso particularmente problemático para los más vulnerados: tener que hacer la postulación online, abrir cuentas bancarias y administrarlas a través de las aplicaciones para teléfono de los bancos, verificar tu identidad utilizando el SID (sistema de identidad digital) del Registro Nacional de Personas (RENAPER). El SID se implementó en 2018, en base al sistema centralizado de datos de RENAPER.

Requisitos como poder encontrar información en línea de manera efectiva, ejecutar tareas complicadas, proteger y almacenar información personal e identidades digitales (como nombres de usuario y contraseñas) para acceder a ANSES (la agencia pública a cargo de IFE) y a las aplicaciones de los bancos una y otra vez, o la necesidad de ser dueño de cierto tipo de hardware, etc., se vuelven problemáticos debido a las asimetrías de información, conocimiento y acceso que sabemos que existen. A las personas no se les está dando la opción de optar por no participar en estas interacciones digitales, a pesar de la urgencia de un beneficio como IFE. Pensemos en ancianos, trabajadores desempleados que tienen una discapacidad física y no tienen internet en casa, los que no tienen teléfonos inteligentes ni computadoras (y vaya que son caros esos equipos), los que simplemente no saben cómo navegar por internet y no tienen a nadie a quien pedir ayuda.

Algunos de los trabajadores de ONG que entrevisté mencionaron las largas horas que debieron pasar, al comienzo de la cuarentena, ayudando a las personas a solicitar el IFE, y su angustia al saber que muchos probablemente no puedan postular porque no accederán a la ayuda necesaria. Recientemente, yo misma ayudé a uno de mis entrevistados, Lisandro, a encontrar información sobre cómo abrir una cuenta bancaria para cobrar el segundo IFE. Lisandro es un tipo bien inteligente y articulado de unos veinte años que no tiene Wi-Fi en casa y una conectividad poco confiable en su teléfono inteligente de segunda mano y con poca memoria que tiene hace unos cinco años. Pasé horas en Internet, hablando por teléfono con bancos y usando Twitter y Facebook para averiguar con los bancos por qué las aplicaciones no funcionaban en el teléfono de Lisandro, y si tenía solución. Y yo tengo una computadora portátil y una buena conexión a Internet con navegación ilimitada y no tengo el estrés de preguntarme cómo comeré la próxima semana.

Foto de Paz Bernaldo.

Quizás te preguntes por qué esto es diferente de otras situaciones en las que los gobiernos manejan subsidios/asignaciones online que podrían llegar a complicar la vida de algunas personas. En resumen, se debe a que implica el intercambio explícito de información muy personal e inmutable. Y por eso, termina por normalizar la entrega de todo lo que somos. También es diferente porque los bancos tienen mucho poder y porque los beneficiarios del IFE no tienen la oportunidad de decidir si quieren o no que estos bancos y/o sus intermediarios tengan acceso a sus datos biométricos. Y no tienen muchas opciones, dado que no pueden permitirse no intentar obtener el IFE. El gobierno no pone a ciudadanos de mayores ingresos en esta situación.

Las personas se ven obligadas a participar digitalmente para verificar que son quienes dicen ser para obtener el IFE, y en el proceso proporcionar a terceros toda la información contenida en sus DNI. No es inusual que nos pidan que entreguemos prueba de identidad cada vez que se nos pida, es un proceso bastante normalizado aquí en Argentina. Pero en este caso, no solo se requiere que las personas muestren su credencial física (DNI), se les pide mucho más, y el cómo y los motivos no se han hecho explícitos.